(Daniel Vila ahora tambíen se quiere apropiar del agua de Mendoza)
Las empresas Dalvian y Obras Sanitarias Mendoza (OSM) están a punto de iniciar la construcción del acueducto para llevar agua potable a ese barrio privado del Pedemonte, aunque aún no cuentan con autorización del Ente Provincial del Agua y Saneamiento (EPAS).
Ese acueducto tendrá una capacidad para transportar un volumen igual al 10% de toda el agua que se usa en el Gran Mendoza, aunque lo que pretenden usar en principio es mucho menor cantidad. El avance sin mediación de esa obra se produce por una polémica resolución (N° 106/06) de Fiscalía de Estado, que emitió un dictamen por el cual dice que el EPAS no tiene competencia para intervenir en ese caso porque el acuerdo es entre dos empresas y es OSM el
que tiene la potestad. Por eso anuló una resolución del EPAS y le da vía libre a Dalvian y OSM para que comercien con el servicio de agua potable en bloque.
De la misma manera, Fiscalía anticipa que tomará medidas contra las autoridades que intenten frenar el emprendimiento, ya que de hacerlo harían algo "contrario a los intereses de la provincia".
En el EPAS pidieron un informe legal al Ministerio de Obras y a Asesoría de Gobierno. Por eso buena parte de la decisión hoy corre por cuenta del gobernador Julio Cobos. Pero en el ente regulador piensan recurrir a la Suprema Corte de Justicia, que tiene fallos en casos similares en el que le da rango constitucional al Ente Regulador.
Intereses en juego
El debate es parte de una fuerte pelea por el agua y el manejo del Pedemonte en la que Dalvian, propiedad de la familia Vila, es protagonista principal. Los especialistas aseguran que de continuarse con el trámite, podría afectarse el servicio de agua potable para el Gran Mendoza, sobre todo si el caudal no se regula. Además dicen estar preocupados por resolución de Fiscalía porque, entienden, vacía de poder al EPAS.
Vale recordar que el fiscal de Estado, Pedro Sin, vive en Dalvian y es amigo personal de Alfredo Vila, propietario del barrio privado. Por eso, las resoluciones fueron emitidas por el fiscal subrogante, Joaquín De Rosas.
Pero Sin no es el único actor público involucrado en este escenario. Es que ese barrio es el sitio con mayor concentración de funcionarios de los tres poderes del Estado. Entre ellos se cuenta al ex gobernador y actual diputado nacional Roberto Iglesias. El actual mandatario, Julio Cobos, también tiene intereses en el lugar, ya que uno de sus ingresos familiares proviene del alquiler de una vivienda que tiene en Dalvian. Así figura al menos en su
declaración jurada.
La resolución 78/06 del EPAS, declarándose competente para mediar en el convenio para ponerle límites a Dalvian, fue firmada por todo el directorio, menos por el reconocido militante iglesista Ernesto Lastra. Esa norma es la que la Fiscalía anuló.
Dalvian se encuentra en un sitio que no está incluido en el mapa de servidumbre de Obras Sanitarias. Incluso fue fundado sin tener la urbanización y los servicios mínimos exigidos para cualquier loteo. Actualmente la zona se surte con 4 pozos que tiene agua de mala calidad y requiere un complejo proceso para ser consumida. Y la urgencia de la obra tiene que ver con eso y con el proyecto de expansión del barrio, que incluye la construcción de viviendas y edificios en zonas que prohíbe la Ley 5.804 (expropiación de terrenos para la conservación de sistema ecológico).
El agua en bloque
Luego de la privatización de Obras Sanitarias la tarea parece más sencilla para la familia Vila (que también tiene acciones en la empresa de aguas). En 2002, OSM y Dalvian firmaron un convenio por el cual OSM se compromete a venderle agua en bloque a Dalvian. Ese acuerdo es para transportar hasta 80 litros por segundo. Pero hay una particularidad: el servicio en bloque sólo puede hacerse si a OSM "le sobra agua", es decir que tiene que garantizar que esa operación no afecte a los usuarios naturales. Allí es donde la ley dice que debe entrar en juego el EPAS. El ente regulador debe controlar, justamente, que haya excesos de agua.
Para la Fiscalía de Estado el EPAS no puede meterse en el tema porque sólo le cabe la responsabilidad de mediar en temas tarifarios. Y, además de anular la resolución 76 del ente, dice que resulta "contrario a los intereses de la provincia de Mendoza el acto de arrogación concretado por el Directorio del Ente Provincial del Agua y de Saneamiento". Además recomienda "la intervención del señor ministro de Ambiente y Obras Públicas o en su caso del señor Gobernador de la Provincia" y advierte a quien se oponga de posibles sanciones.
"Declarar en reserva la vía prevista por el artículo 7º de la Ley 728 contra el reglamento que reprocha la presente, sin perjuicio de la posible decisión en oportuno plazo, de proceder a la apertura de oficio contra las autoridades que correspondan, del sumario que fuere procedente...", dice parte del artículo 4 de la resolución 106 que rechazó el control del EPAS en la construcción del nuevo acueducto.
En 2002, la Corte defendió al organismo de control
En 2002 la Suprema Corte de Justicia de Mendoza emitió un fallo para resolver una puja en la que estaban involucrados los mismos actores: Dalvian, EPAS y Fiscalía de Estado, además de las municipalidades de Capital y Las Heras.
En el fallo la Corte declara competente al EPAS y hasta le da rango constitucional, haciendo hincapié en la Constitución nacional reformada en 1994 y asegurando que la de Mendoza lo hace de manera implícita. Además asegura que el EPAS fue creado para defender los derechos de los usuarios y controlar la política del agua potable.
Pero en el fallo la Corte se mete con el origen de Dalvian. "Fue construido mediante la utilización de la ley de loteos en terrenos del Pedemonte, sin haber tenido la previa aprobación general y sin haber transferido los espacios públicos. Los lotes fueron vendidos antes de que se completara la urbanización. En definitiva, el loteo ha tenido un trámite de actuación bastante irregular, promovido por la iniciativa y la presión de los organizadores de la urbanización y obteniendo aprobaciones parciales del fraccionamiento proyectado y que parten inicialmente desde 1968", dice la argumentación esgrimida por el actual presidente de la Corte Jorge Nanclares
(fallo 63.085).
El crecimiento del Gran Mendoza en riesgo
El sistema que será instalado tiene una capacidad para transportar un volumen de 600 litros por segundo de agua. Dalvian piensa llegar a esa cantidad de agua en 3 etapas y de ello dependen la promocionada expansión del barrio. En el Ministerio de Obras Públicas ya tienen lista la aprobación del informe de Impacto Ambiental para la construcción del acueducto, que recorrerá 3 kilómetros desde la planta Alto Godoy hasta el barrio.
Pero la polémica está centrada en la autorización y en los efectos que podría tener aguas abajo. Para todo el Gran Mendoza OSM potabiliza 5.600 litros de agua por segundo.
En el expediente en el que se gestiona la obra, figura el proyecto original de Dalvian. En la primera etapa la intención es usar 80 litros por segundo de agua. Luego llevarlo a 320 y finalmente usar los 600 litros por segundo.
En ese mismo expediente figura un informe técnico del EPAS en el que se dice que sólo podrían usarse 38 litros por segundo. Pero ese ente aún no se ha expedido oficialmente. "La postura del Centro de Ingenieros es que consideramos que el derecho al agua potable lo tienen todos. Pero el asunto es que armaron esta seudo factibilidad de espaldas a las normas, con el agravante de que le autorizan a usar 38 litros por segundo y están haciendo un acueducto de 600 litros. El tema es quién va a controlar la cantidad de agua que se lleva. Además, Obras Sanitarias no ha podido demostrar aún que tiene excedentes", explicó Laura Profili del Centro de Ingenieros.
Para el ingeniero Eduardo Maldonado, del Comité Científico del EPAS, el volumen pretendido es excesivo. "Hay que tener en cuenta el crecimiento de la actividad y de la demanda de agua que va a haber en Mendoza. De esa manera la cantidad de agua que se está solicitando va a afectar al resto, porque las obras no acompañaron al crecimiento de la demanda", asegura el especialista. Esos organismos reclamaron ante el EPAS y ante la Defensoría del Pueblo de la Nación para que medien en el conflicto.
